No Dara Marcha Atras: La Guerra de la Lucha Contra a Produccion de Carbon en Colombia

A pesar de los riesgos, Liliana Guerrero, la Waterkeeper y Directora Ejecutiva de la organización no gubernamental Bocas de Ceniza Waterkeeper en la cuidad de Barranquilla, no se rendirá junto con su organización en la lucha jurídica por frenar les daños ambientales causados por la megaminería de carbón en Colombia, negocio multimillonario desarrollado por las multinacionales que están activas en su país.

Hay un viejo dicho que dice “la dinamita viene en paquetes chiquitos”. Pasando los cinco pies de altura por poco, la Bocas de Ceniza Waterkeeper, Liliana Guerrero es dinamita pura. Guerrero está liderando una dif ícil misión con mucha motivación para parar la destrucción causada por las multinacionales y la producción de carbón en su país, la cual ha sido facilitada por la débil vigilancia ambiental de los gobiernos de turno, así como por los cambios de normatividad que han hecho más laxo el licenciamiento ambiental y minero en Colombia, entre otras causas, y lo está haciendo aún sabiendo el gran riesgo personal que puede estar implicado. No es por casualidad que Colombia es el productor y exportador de carbón más grande en Latino América, líder en violaciones de derechos humanos en el Hemisferio Occidental, y el segundo en el mundo, después de Brasil, con la tasa más alta de defensores ambientales asesinados según estudios mundiales por gobiernos y ONGs, incluyó el último informe de la ONG Global Witness. Como fue bien expresado por el presidente de la Alianza Waterkeeper , Robert F. Kennedy, Jr., “Donde encuentras a los Grandes del Carbón, también encontrarás una subversión de la democracia.” En Ningún lugar es más cierto esto que en Colombia.

Barranquilla está ubicada en el Norte de Colombia, sobre la margen occidental del rio más importante de Colombia, el rio Magdalena, dónde desemboca al mar Caribe., .Es una ciudad portuaria e industrial, y es donde se realiza el Carnaval de Barranquilla, designado por la UNESCO como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, segundo en tamaño y energía en relación con el carnaval de Rio de Janeiro. No es sorprendente que los habitantes de la ciudad, los barranquilleros, sean conocidos por ser amorosos y a la misma vez trabajadores, incorporando estas dos características competitivas de su ciudad. Liliana Guerrero no es una excepción. Ella tiene mucho amor, pero hay un aspecto de su carácter que no aguanta tonterías y uno se da cuenta cuando empieza algo que se siente muy motivada por terminar.

La familia de Guerrero ha vivido en Barranquilla por más de cinco generaciones y ella tiene un amor profundo y palpable por el lugar. Nombró su organización “Bocas de Ceniza” por ser este el lugar donde desemboca el majestuoso río Magdalena. Bocas de Ceniza hace referencia al color cenizo que adquiere el oceáno cuando el río, se encuentra con el mar Caribe.

La inadecuada disposición de desechos sólidos, vertimientos de aguas residuales domésticas e industriales sin tratar al río Magdalena y la Ciénaga de Mallorquín, devastación de mangles, entre otros, fueron los problemas centrales contra los cuales Guerrero pensó que su organización iba a luchar.

“No pensamos que la industria del carbón sería la amenaza más grande para nosotros, mi comunidad y los preciosos ecosistemas de manglares y humedales, los ríos y el mar,” explica Guerrero. “Sin embargo al empezar a observar la expansión de la industria del carbón, comprendimos la magnitud de los impactos ambientales devastadores que la extracción de carbón a cielo abierto ha causado en los departamentos de la Guajira, y César, además de los impactos ambientales generados por el transporte del mineral en el departamento del Magdalena y los siniestros de derrame de carbón en el mar a los puertos de exportación.

Con la propuesta de construcción del Super Puerto en Barranquilla, por donde se espera aumentar las exportaciones de carbón en más de 20 millones de toneladas de carbón al año, y noticas de más derrames de carbón, empecé a darme cuenta que la industria de carbón había llegado a ser la amenaza más grande para la salud y prosperidad de mi gente, la belleza increíble del país y la diversidad ecológica de mi tierra. Sentí que nuestra organización no tenía ninguna otra opción que oponerse a lo que estaban haciendo”.

Desde 1991, cuando Colombia promulgó su nueva constitución, el país posee una de las legislaciones en materia de protección de derechos fundamentales y colectivos más avanzadas en el mundo. Las reformas fundamentales del sistema legal en dicha constitución fueron diseñadas para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos (protegiendo especialmente a los grupos étnicos, indígenas y población en condiciones de debilidad manifiesta) y , se reconocieron plenamente los derechos colectivos relacionados con la protección del medio ambiente.

Han transcurrido más de dos décadas desde la promulgación de la constitución de 1.991 y muchos de esos derechos existen solamente en el papel. “Los expertos legales pueden aseverar que Colombia tiene una constitución “verde” que asegura a la gente el derecho a un medio ambiente sano, incluyendo el derecho fundamental al agua potable,” explica Guerrero, quien es abogada litigante, “pero el compromiso del gobierno por el cumplimiento de esta legislación ecológica, que antes inspiraba esperanza, queda como poco más que un discurso político muy divorciado de una ejecución efectiva.”

En realidad, los ecosistemas maravillosos de Colombia, que incluyen humedales, manglares, y páramos, están constantemente en peligro de extinción, en parte por las laxas prácticas regulatorias que permiten el otorgamiento exprés de licencias ambientales especialmente para proyectos en los campos de la minería, exploración y explotación de hidrocarburos, actividades que son altamente impactantes y están destruyendo los recursos naturales del país.

A finales del 2.012, según la Contraloría General de la República, en Colombia habían sido suscritos 9.400 títulos mineros, cubriendo 5.6 millones de hectáreas. De estos títulos mineros 3.760 están en explotación y abarcan 2.1 millones de hectáreas, un area de casi dos por ciento del territorio nacional. Hay más que 19.000 solicitudes de títulos mineros por resolver; igualmente se reportó, que las áreas con interés minero en el país son aproximadamente 40 millones de hectáreas de las 114 millones de hectáreas que conforman el territorio nacional.

Según la Oficina de Administración de Información de Energía de los Estados Unidos de Norteamérica , la producción de carbón en Colombia aumentó el doble entre los años 2002 y 2012, convirtiéndose en el undécimo productor de carbón a nivel mundial.. Colombia exporta casi un 94 por ciento de su producción anual y ahora es el quinto exportador más grande del mundo. La minería y transporte de carbón han contribuido a la degradación de los ecosistemas vitales en las regiones del norte del país, particularmente en los Departamentos de César, La Guajira y Magdalena

“Lo que observamos” dice Guerrero, “es que las políticas mineras del gobierno Colombiano van en contravía de los postulados de la constitución de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, reduciendo la base de la ley ambiental Colombiana hasta nada más que una hermosa prosa decorando los textos legales.”

En el Departamento de César en el noreste de Colombia, la controvertida multinacional minera norteamericana, Drummond Company, originaria del estado de Alabama , opera una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo, la enorme mina Pribbenow. Desde que adquirió los derechos para operar dicha mina, con casi mil millones de toneladas de reserva de carbón en Pribbenow a finales de los años 80, Drummond ha destruido grandes extensiones de tierra para expandir la mina, obligando al desplazamiento de poblaciones enteras y causando problemas sociales a gran escala.

Por años Drummond Company ha reinadoen la industria de carbón en Alabama, operando en este estado varias minas a cielo abierto y subterráneas . El CEO Garry Neil Drummond ha amasado una tremenda influencia política en el estado y la empresa disfruta de regulaciones favorables, logrando que el trámite de los permisos ambientales constituyan meras formalidades aprobados con una simple rúbrica.

Hace treinta años, Drummond fijó su mirada en Colombia, con sus depósitos masivos de carbón de alta calidad, mano de obra barata, pocas regulaciones y un gobierno nacional desesperado por generar ingresos para su desarrollo económico. En ese entonces, el gobernador de Alabama, Bob Riley, cuya campaña electoral recibió contribuciones sustanciales de Drummond, lideró un grupo de funcionarios públicos de Alabama y representantes del sector industrial en un tour hacia Colombia para “explorar alianzas económicas,” que incluyó una reunión con el Presidente de Colombia.

Después de poco tiempo de realizado ese viaje, Drumond inició operaciones en la mina Pribbenow y los problemas comenzaron. En respuesta a un pago mínimo y condiciones laborales muy peligrosas, los mineros se unieron formando un sindicato de trabajadores, algo riesgoso en Colombia, siendo globalmente reconocido por ser uno de los países más peligrosos para realizar activismo laboral. Una encuesta publicada en el 2011 por La Confederación de la Unión de Comercio Internacional, reportó que en 2010, 49 sindicalistas fueron asesinados en Colombia, un número que excede los casos totales a nivel mundial de ese año.

La reacción de Drummond al esfuerzo de organización de los sindicalistas fue pronta y severa. Según los documentos presentados ante el tribunal estadounidense, se reportó que la empresa presuntamente contrató paramilitares para proteger su propiedad e imponer su poder, y eventualmente solicitaron al gobierno nacional que suministrara fuerza armada oficial, quienes continuan vigilando las minas y ferrocarriles de Drummond.

La desesperación económica afecta a las comunidades cercanas a las minas de carbón en Colombia, dado que la minería inevitablemente altera la vida diaria y evita que otras oportunidades de comercio florezcan. Drummond fue acusado de forzar, a menudo con violencia, a la población de abandonar sus tierras cuando su presencia interfirió con la expansión de minas, y de asesinar más de 100 personas viviendo cerca de las líneas ferroviarias por su franca y abierta oposición a la contaminación que resultó del transporte del carbón. Algunos reclamos fueron después descartados; otros quedan pendientes.

Alrededor de las minas de Drummond, el desastre ambiental sigue aumentando, mientras la pobreza permanece como un problema severo. El polvo de las minas inunda los pueblos cercanos, causando problemas graves de salud. Además, las vibraciones a causa de las frecuentes explosiones en la minas ocasiona la fractura de las paredes de las casas. “En menos de una década, la zona minera del César estará tan herida por las operaciones de minería que su suelo va a parecerse a la superficie lunar”, expresa Guerrero.

Más preocupante aún, es la amenaza seria que enfrente el recurso hídrico superficial del César y los acuíferos que suministran agua a su población. Los metales pesados tóxicos de las minas vertidos o descargados indirectamente a los ríos y aguas subterráneas, contaminan las únicas fuentes cercanas de agua potable, pendiendo un peligro enorme sobre la salud pública. “Ese desapacible panorama, demuestra la urgente necesidad en Colombia de una fuerte y organizada abogacía, constante y motivada participación comunitaria y atención a nivel internacional,” dice Guerrero. Finalizando el año pasado, la Waterkeeper Bocas de Ceniza y la Alianza Waterkeeper fueron los co-anfitriones de una conferencia internacional en Barranquilla esfuerzo ambicioso para tomar acciones contra los abusos de las empresas de minería de carbón en Colombia. Alrededor de 100 personas, afiliados a grupos de la sociedad civil, asistieron y recibieron capacitación del personal de la Alianza Waterkeeper entre ellos, la señora Donna Lisenby, gerente de la campaña global de carbón de la alianza – en ciencia, abogacía y comunicaciones. Lisenby es nativa de Carolina del Norte, quien ha observado de primera mano la destrucción de los Apalaches, los atropellos y estragos causados por los barones norteamericanos dueños de las empresas de carbón. La Señora Lisenby, quien ha estado viajando por el mundo en los últimos años, emplea su encendida retórica de predicadora organizando los Waterkeepers y sus aliados en su trabajo de oposición a la dependencia del carbón y otros combustibles fósiles, promoviendo el uso de energías limpias.

“Las empresas de carbón no estaban contentas destruyendo 475 montañas de los Apalaches, enterrando 2000 millas de quebradas prístinas y matando cientos de personas de pulmón negro en Estados Unidos de Norte América. Ahora quieren hacerlo a gran en Colombia también. No se les puede permitir que repitan su historia mortal y dejar otra vez un lugar baldío de agua envenenada y gente muerta,” señaló Lisenby.”

Una sentencia de la Corte Constitucional, originada en una acción de tutela presentada por una familia en César que fue afectada por la minería de carbón de Drummond, obligó al gobierno Colombiano a elaborar una política nacional de prevención y mitigación de los impactos causados por la minería y transporte del carbón en agua y aire.

“Liliana vió esta oportunidad única para forzar a cada empresa de carbón en Colombia de enfrentar los efectos de su horrible polución,” explica Lisenby. “Pero ella notó que el gobierno falló en incluir la representación de los grupos ambientales, junto a los actores del Sistema Nacional Ambiental (SINA) para ayudar a formular las nuevas reglas, y ella supo, que si estos grupos no están involucrados desde el inicio, el proceso sería dominado por la industria del carbón y que el resultado serían reglas demasiado débiles como para proteger los recursos naturales de su país, su agua y su gente.”

Un tiempo antes de la conferencia, Guerrero presentó un derecho de petición, ante el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pidiendo la inclusión de su organización en el proceso de elaboración de la política, el cual no fue contestado obligándose a la presentación de una acción de tutela en contra de este ministerio.

El gobierno intento bloquear la temprana participación de Guerrero, respondiendo a su petición- en el trámite de la acción de tutela- informándole que solamente podía participar en la etapa de socialización de la misma, después que la política “a puertas cerradas”, estuviere formulada.

“Eso fue como encender un fósforo al pequeño paquete de dinamita que es Liliana Guerrero,” dice Lisenby. Inmediatamente, Guerrero continuó con la acción legal iniciada contra el gobierno en Noviembre, con el objeto que la Corte Constitucional seleccionara el fallo de tutela para su revisión.

Comenzando el año 2015, Liliana solicitó a la Defensoría del Pueblo y a dos magistrados de la Corte Constitucional que presentaran petición de insistencia de revisión del fallo ante la corte. “Pero aún no fue suficiente para Liliana,” expresa Lisenby. “En vez de ponerse a esperar noticias del proceso en la Defensoría y en la corte, ella empezó a organizar apoyo nacional contactando otros grupos de la sociedad civil en Colombia y pidiendo a ellos la presentación de un escrito de amicus curiae, apoyando la petición de que el gobierno incluya a Bocas de Ceniza Waterkeeper como representante ambiental.

Ninguno de los grupos se han puesto de acuerdo con su solicitación hasta la fecha, y Liliana se encuentra muy sola en su lucha por la inclusión que merece. “En Colombia, estar solo es peligroso en estos casos,” dice Lisenby. No obstante, Guerrero no renuncia.

“Yo no niego mis temores,” expresa ella. “No quiero agregar mi nombre a la lista de activistas ambientales en Colombia que son asesinados, pero quienes trabajan para proteger el medio ambiente y a las víctimas de la minería y transporte de carbón deben aceptar el riesgo.”

Bocas de Ceniza Waterkeeper pretende seguir con otras opciones legales. La organización demandará el cumplimiento del fallo de tutela T- 154 del 2.013 por la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos viviendo en la zona de captación de las minas de Drummond que causó la creación de la comisión nacional de política publica. También está explorando la presentación de una nueva acción de tutela por violación de su derecho fundamental de participación en el proceso gubernamental de la regulación de contaminación de carbón. “

Las empresas de carbón, sus inversionistas y aliados en el gobierno piensan que jurídicamente ya han ganado,” explica Guerrero. “Pero nosotros creemos en el derecho y sabemos que contamos con el apoyo de la Alianza Waterkeeper y de los Waterkeepers alrededor del mundo, quienes también están involucrados en luchas similares, y eso nos da más coraje y respaldo internacional.”

Así Bocas de Ceniza Waterkeeper va a seguir luchando por la protección legal del Derecho a un Medio Ambiente Sano de acuerdo con las leyes Colombianas.

“Seguiremos luchando,” dice Liliana, “y perseguiremos cada acción legal necesaria para proteger a las comunidades amenazadas por la producción de carbón y frenar el desastre ecológico y humanitario que estas empresas han impuesto en Colombia, favorecidas por las políticas gubernamentales.